El próximo 1 de julio entran en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (conocida como “ley mordaza”), la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de terrorismo. Tres leyes que han sido muy criticadas y tachadas de “represivas” por algunos sectores y que a buen seguro cambiarán mucho las cosas para los internautas españoles.

Con las nuevas leyes se puede considerar responsable de convocar una manifestación a quien publique en internet una declaración de convocatoria (por ejemplo un tuit) y que pueda ser seguido masivamente en la red. Tampoco podrán publicarse imágenes de policías en la red, a nivel particular claro está, no de medios de comunicación, aunque no está muy claro en qué condiciones no habrá sanción. Como en el caso anterior, las redes sociales vuelven a ser las protagonistas y las verdaderas “culpables” de que aparezcan nuevas leyes para regular la divulgación de material audiovisual en la red.

También aumentan las sanciones contra la usurpación de la propiedad intelectual y una medida también de especial relevancia. Se trata del castigo con pena de prisión a quien comercie con dispositivos destinados al hackeo de aparatos electrónicos para la apropiación de datos confidenciales del usuario y la manipulación de sus sistemas.

Por otro lado, serán castigados los internautas que utilicen y propaguen la pornografía infantil por la red o que traten de embaucar a menores de edad para corromper su intimidad con la obtención de imágenes pornográficas. En cuanto a los delitos informáticos relacionados con el terrorismo ha habido varias modificaciones sobre la anterior Ley Orgánica de reforma del Código Penal.

Se consideran delitos de terrorismo algunos tipificados como delitos informáticos, en realidad todos los encaminados a sembrar el terror en la población o parte de ella y que se inician con actividades en la red. También el acceso habitual a páginas web con contenidos que incitan a la incorporación o mantenimiento de grupos terroristas.

A pesar de las críticas, las administraciones intentan blindar, dentro de lo posible, el vasto mundo virtual y tratan de que los ciberdelincuentes no tengan las puertas abiertas para desarrollar sus actividades ilícitas. Por tanto, sin entrar en las polémicas sobre la vulneración de la libertad de expresión y otras controversias políticas y sociales, cualquier medida encaminada a hacer de internet un medio más seguro y a considerar la ciberseguridad una prioridad absoluta ante la continua vulneración de las redes, siempre es una noticia que podemos considerar positiva.

Como siempre, todo se puede mejorar, no sólo el trabajo de los gobiernos, sino también el de las empresas dedicadas a preservar la seguridad de los sistemas de información de empresas, instituciones, gobiernos y particulares. Por eso Secure&IT continúa trabajando para crear los recursos necesarios y conseguir repeler cualquier tipo de vulneración cibernética.

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